La cuarentena que rige en todo el país desde el pasado 20 de marzo con motivo de la pandemia de Covid-19 que en la Argentina ya contagió a más de 27 mil personas y causó la muerte de más de setecientas, llevó a que muchos dirigentes políticos ocupen largas horas de presencias en los medios en miras a anunciar medidas a tomar para mitigar el virus, novedades sobre la economía y los efectos que generará en ella el confinamiento -fue dispuesto hasta el próximo 28 de junio- o como pudo verse en los últimos días, decisiones de peso como la intervención de empresas que ahora pasan a manos del Estado.
El último lunes, el presidente Alberto Fernández sorprendió a propios y extraños al anunciar en conferencia de prensa desde la Casa Rosada la intervención mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) del Grupo Vicentín, firma radicada en la localidad santafesina de Avellaneda, y que engloba a varias empresas, entre ellas una de las principales exportadoras de granos del país, la cual genera mayores dividendos al grupo.
Sin embargo, la millonaria deuda que mantiene Vicentín con otros grupos empresarios, la cual se ubica alrededor de los 1350 millones de dólares, y cuyo principal acreedor es el Banco Nación -entidad bancaria bajo la órbita del Estado, motivó a que el presidente disponga la intervención del grupo, tal como anunció en Olivos, como así también el envío de un proyecto de ley al Congreso de la Nación para expropiar dicha firma.
En el anuncio, al presidente lo secundaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el flamante interventor del grupo, Gabriel Delgado.
¿Qué argumentó Fernández sobre el futuro estatal de Vicentín? "Hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar esta empresa, líder en el mercado agropecuario argentino. El propósito es que la empresa continúe, que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en su trabajo y que 2600 productores puedan seguir contando con una empresa a quién venderle los productos que producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta verguenza", justificó el mandatario, cuyas palabras generaron inmediatas reacciones de todo tipo.
Como no podía ser de otra manera, la oposición estalló al tomar notoriedad de la intervención de Vicentín y calificó de "legal" e "institucional" el DNU a través del cual el Estado pasó a intervenir el grupo. De hecho, este martes, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, primer sello opositor en ambas cámaras, denunciaron penalmente a Alberto Fernández por "abuso de autoridad". Dicha denuncia, que fue radicada en los tribunales de Comodoro Py, se encuentra amparada, tal como expresaron quienes la formularon, en que el "Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de esencia fundada en ley".
En el transcurso del martes, una masiva movilización se llevó a cabo en la localidad santafesina de Avellaneda tras los vecinos de la localidad y los propios dirigentes del Grupo enterarse de que allí estaban presentes los flamantes directivos de la empresa, que al llegar se encontraron con las puertas cerradas de la empresa y debieron marcharse del hotel en Reconquista en que se alojaban. Por ejemplo, el subinterventor de la firma (nombrado por el propio Fernández), Luciano Zarich, debió dejar el establecimiento hotelero escoltado por la policía.
El mismo lunes, pero en horas de la mañana, quien ocupó las primeras planas de los diarios fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora citada personalmente a declarar en marco de la causa que investiga hechos de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Y si bien lo expuesto por la ex mandataria no trascendió, lo cierto es que su presencia ante la Justicia no hizo más que dimensionar la nueva causa que podría traerle más de un dolor de cabeza al ex presidente, quien optó por llamarse a silencio y siquiera a través de las redes del ex sello gobernante, se manifestó.
Ahora como testigo. CFK se sentó nuevamente ante un tribunal, aunque esta vez en calidad de "testigo" por los supuestos casos de espionaje en la era Macri.
Curiosamente, entre los "escuchados" o "espiados" por la última administración nacional aparecen no sólo dirigentes de la por ese entonces oposición, sindicalistas y empresarios, sino también miembros del oficialismo de entonces: por ejemplo figuran como víctimas de escuchas el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Quien si se manifestó públicamente sobre el tema fue el propio Santilli, que sembró el manto de la duda acerca de la veracidad de la causa, pero ni lento ni perezoso, le bajó el pulgar a un eventual operativo retorno de Macri a la Rosada: en televisión, cuando fue consultado sobre a quién postularía de Juntos por el Cambio para las presidenciales de 2023 entre el propio Macri, Vidal y Rodríguez Larreta, Santilli no dudó ni un segundo en elegir a este último, hoy titular de la jefatura de gobierno porteña, y con quien trabaja desde hace tiempo, prácticamente desde sus inicios en política, hace ya quince años, según contó él mismo.
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