Directivos del Grupo Vicentín se niegan a continuar discutiendo con el Gobierno y ahora van a la Justicia

Hace exactamente una semana, en pleno contexto de pandemia y aislamiento obligatorio con motivo del Covid-19, que en la Argentina ya contagió a más de 30 mil personas y causó la muerte de otras más de 800, el presidente Alberto Fernández sacudía la agenda pública al anunciar, desde la Casa Rosada, la intervención del Grupo Vicentín, firma propietaria de varias empresas, entre las que se encuentra una de las principales agroexportadoras de granos del país.

No sólo de intervención habló Fernández, sino también de que en los próximos días (a esta altura, todo asoma demorado), enviaría al Congreso un proyecto de ley en miras a la expropiación del Grupo, radicado en la localidad santafesina de Avellaneda, hoy en concurso de acreedores y cuya deuda, al día de la fecha, oscila los 1400 millones de dólares.

El anuncio presidencial, como no podía ser de otra manera, generó las más diversas posturas. Por un lado, quienes defendían y aún defienden la intervención de la firma sosteniendo que la decisión se tomó con ánimos de "rescatar a la empresa y evitar su quiebra", mientras que desde la oposición llegaron hasta incluso radicar una denuncia penal contra Fernández por la "ilegalidad" e "inconstitucionalidad" del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) intervencionista.

No sólo eso, sino que en el transcurso de la última semana, directivos del Grupo, trabajadores de la firma y vecinos de la localidad de Avellaneda marcharon en el afán de que los flamantes interventores dejen el hotel que ocupaban en la ciudad aledaña de Reconquista.

Toda una ciudad movilizada. Avellaneda, ubicada al noreste santafesino, cuenta con 23 mil habitantes, de los cuales casi 3 mil ocupan puestos de trabajo en Vicentín. El rechazo a la intervención fue categórico.

Este lunes, pese a que desde la Rosada ratificaron estar dispuestos a avanzar en la expropiación de Vicentín, sus directivos le pusieron un freno a la intervención estatal y anunciaron que recurrirán a la Justicia al no llegar ambas partes a un acuerdo que solucione el conflicto.

Resulta que ni Guillermo Nielsen, presidente de YPF, ni tampoco otro directivo de la petrolera están dispuestos a continuar negociando con Gabriel Delgado, nombrado por el Presidente como el nuevo interventor del Grupo, pese a que el propio Fernández aclaró que el fondo fiduciario quedaría bajo la órbita de YPF Agro.

Ahora, la discusión pasa sobre qué ocurrirá con la idea intervencionista del Gobierno. Hoy, todo quedó en manos del propio Delgado y de su segundo, el subinterventor Luciano Zarich, quienes cuentan con 60 días a partir de la fecha para acercar a Fernández una decisión que tomarán a partir de dos posibles escenarios: expropiar todo el Grupo o en su defecto, únicamente la empresa concursada.

El proyecto de ley

A partir de la negativa de los directivos de Vicentín de que el Gobierno expropie toda la compañía, desde Balcarce 50 frenaron el giro del proyecto de ley de expropiación al Congreso. Y si bien en los últimos días trascendió que algunos puntos del proyecto ya circulaban en la bancada legislativa del Frente de Todos, lo cierto es que a la fecha, no hay fecha definida para ingresar la iniciativa al Palacio Legislativo.

¿Qué destrabaría el arribo del proyecto al Congreso? Según fuentes oficiales, para que ello ocurra es necesario contar con una "especie de auditoría" del Grupo, algo que tendrá lugar recién en las próximas semanas.

Hipotéticos resultados. Como el Frente de Todos cuenta con mayoría -incluso unificada- en el Senado, de no mediar inconvenientes, la ley se aprobaría sin mayores sobresaltos. Sin embargo, un panorama totalmente distinto ocurre en Diputados, donde el sello gobernante no cuenta con mayoría y para que en la Cámara Baja, el proyecto sea aprobado, debería consensuar con el ala menos radicalizada de la oposición, como así también con el peronismo del interior y hasta incluso con la izquierda. Pero por ejemplo, a esta altura, desde Casa de Gobierno sospechan de que Juntos por el Cambio hasta evitaría bajar a sesionar para dar quórum. El lavagnismo, por su parte, le bajó la persiana a un eventual acompañamiento de la medida.